La pandemia del COVID-19 ha azotado al mundo con una de las mayores crisis económicas de su historia. Los contagios, la cuarentena y el distanciamiento social han generado un parate casi total de la producción y la demanda, que ha llevado al cierre de firmas y a millones de personas al desempleo a lo largo y ancho del globo. En lo que respecta a Argentina, los expertos hablan de un “triple shock” a la economía local: la contracción de la oferta, el desplome de la demanda por la reducción de ingresos de grandes sectores poblacionales y, por último, el shock financiero, debido a los problemas de liquidez de las PyMEs[1].

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La temprana y duradera cuarentena que impuso el gobierno argentino ha resultado en la menor tasa de muertes de la región, pero también ha tenido un grave impacto negativo en la economía. Según un informe del INDEC, la actividad acumuló una caída de 11% en los primeros cuatro meses del año con relación al mismo período de 2019. Debido al incremento en algunos puntos del país desde mayo y junio, este sería el piso de la caída económica, aunque se deberá evaluar en el futuro la evolución de los contagios y la posible vuelta al confinamiento.

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"Según un informe del INDEC, la actividad acumuló una caída de 11% en los primeros cuatro meses del año con relación al mismo período de 2019"

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Es relevante aclarar que la economía argentina ya venía mostrando un estancamiento de la actividad y una caída del PBI, que entre 2012 y 2019 sufrió una retracción del 11%, siendo una excepción al crecimiento generalizado de los demás países del mundo. Entre estos años, se sucedieron en el país ciclos de recesión y de recuperación, donde la devaluación del tipo de cambio y la inflación protagonizaron la escena[2]. Para fines del año pasado, la pobreza alcanzaba al 38% de los argentinos y el desempleo rondaba el 10%[3].  Estos índices serían los de mayor preocupación para el gobierno una vez superada la pandemia.

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Las circunstancias actuales de deterioro económico golpearán principalmente a aquellos sectores laborales de mayor precarización. Esto es especialmente alarmante en Argentina dado que en los últimos años se ha observado una tendencia creciente en la informalidad del empleo[4]. En el GBA antes de la pandemia, los trabajadores informales representaban el 38,4% y ejercían principalmente empleos como la venta ambulante, trabajo doméstico, trabajo por cuenta propia de plomería, albañilería, electricidad, changarín, etc.[5] El trabajo informal está siendo gravemente afectado debido a la imposibilidad de salir a trabajar y la falta de protección de leyes laborales que solo cubre a los asalariados.

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"En el GBA antes de la pandemia, los trabajadores informales representaban el 38,4%"

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Según señala un estudio del CIPPEC donde se analiza el mercado laboral de 31 aglomerados urbanos, 5,3 millones de trabajadores no están exceptuados de las políticas de aislamiento y no tienen posibilidad de motorizar su empleo.[6] Éstos, en comparación con los exceptuados y los que pueden realizar teletrabajo, cuentan con una menor calificación, se encuentran dentro de los deciles de ingresos más bajos, alcanzan mayores grados de informalidad y son los que actualmente se ven más perjudicados precisamente porque no pueden trabajar virtualmente.

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El BID estima que en Latinoamérica se disparará la pobreza[7]. En Argentina, la pobreza en niños, niñas y adolescentes se espera que llegue a 58,6% hacia fines del 2020.[8] Este grupo vulnerable debe acudir a un Estado en quiebra que cada vez tiene más dificultades en la recaudación fiscal y, como es de público conocimiento, se encuentra renegociando la deuda pública y no puede acceder a financiamiento externo.

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"En Argentina, la pobreza en niños, niñas y adolescentes se espera que llegue a 58,6% hacia fines del 2020"

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En particular en el GBA, se encuentra casi la mitad de la pobreza total del país y 61,8% de la pobreza extrema, residiendo en barrios populares, villas o asentamientos informales. Allí viven 4 millones de habitantes, de los cuales el 88,7% no cuenta con acceso formal al agua corriente y el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal (RENABAP). Además, según un relevamiento de 162 barrios de TECHO, el 70,2% de los que habitan en barrios populares tienen carencia de alimentos.[9] Una vez finalizada la pandemia, la situación será grave en los barrios populares: la incidencia de la pobreza alcanzaría a 9 de cada 10 niños[10].

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Actualmente, los hogares ubicados en asentamientos informales son especialmente vulnerables al contagio debido a dos principales factores: la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social por el hacinamiento y la situación de insalubridad en la que viven las familias que no permite que tomen las medidas preventivas de higiene necesarias. El aislamiento absoluto es prácticamente imposible, debido a que se ven obligados a salir para comprar comida y remedios, acceder al comedor, o incluso ayudar a una persona mayor.

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En este contexto, los Centros de Salud y Acción Comunitarias (CeSACs) son los encargados de recibir la mayoría de los casos sospechosos de COVID-19. Los centros deben disponer de lugares adecuados para aislar a los pacientes donde se los entrevista y buscan síntomas. Sin embargo, en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se detallaron varios problemas en el funcionamiento de los CeSACs durante la pandemia. Entre ellos, destacamos el traslado de los pacientes al hospital, la dificultad para atender a personas con insuficiencias respiratorias, el colapso de la línea telefónica, la falta de comunicación oficial respecto a los resultados de los hisopados, la falta de hisopados a empleados y las deficiencias en la provisión de Elementos de Protección Personal[11].

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El gobierno de la provincia y el de la ciudad pusieron en práctica dos programas principales para intentar contener los contagios en los barrios populares: “Barrio cuida al Barrio” y operativo “Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino” (DETeCTAr) respectivamente. El primero consiste en el acompañamiento específico de grupos de riesgo, la difusión de medidas preventivas y la distribución de elementos de higiene básica y alimenticios con el objetivo de fortalecer las medidas de aislamiento comunitario, evitando traslados y salidas del barrio. En la práctica, se distribuyeron jabones, alcohol en gel y barbijos, se formaron grupos que abastecen de alimentos a las familias e iniciaron campañas para enseñar el correcto lavado de manos, fomentar la vacunación de los mayores y educar sobre la propagación del virus. Sin embargo, algunos reportes de vecinos indicaron que lo que provee el gobierno no siempre logra cubrir todas las necesidades del barrio, por lo que deben racionar los elementos entregados (TECHO). Por su parte, el operativo DETeCTAr consiste en realizar una búsqueda activa de casos de COVID-19 visitando los hogares de aquellos que hayan entrado en contacto con casos confirmados y realizando una detección de síntomas con el objetivo de detectar tempranamente casos de contagio para dar asistencia y evitar un contagio mayor.

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Previo a la pandemia, muchos barrios contaban con comedores escolares donde proveían a los niños de la zona la posibilidad de un desayuno y a veces almuerzo. Estos fueron acomodados para empezar a atender las necesidades alimenticias de una mayor cantidad de personas en el barrio. El gobierno de la Ciudad debió aumentar en un 30% la provisión de alimentos a comedores comunitarios para reforzar la política de seguridad alimentaria. A pesar de esto, la mayoría de los comedores no pueden hacer frente al inmenso y abrupto aumento de la demanda: según un informe del Banco de Alimentos solo el 30% de los comedores y espacios que brindan asistencia alimentaria están pudiendo hacer frente a la demanda actual. Además, según un relevamiento de 162 barrios de TECHO, el 70,2% de los que habitan en barrios populares tienen carencia de alimentos básicos. Varias familias indicaron que deben recurrir a más de un comedor para poder satisfacer las necesidades de todos sus miembros.

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"El Gobierno de la Ciudad debió aumentar en un 30% la provisión de alimentos a comedores comunitarios para reforzar la política de seguridad alimentaria."

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Este mismo relevamiento de TECHO demuestra que el 58,96% vio su ingreso familiar o salario disminuido, el 42% estaba trabajando y debió dejar de hacerlo y solo un 8% pudo seguir trabajando como lo hacía previo a la cuarentena[12]. Esto plantea un dilema: por un lado, si la cuarentena se extiende por un período prolongado existe un riesgo latente de que se agraven las vulnerabilidades sociales ya que las personas no pueden percibir un ingreso suficiente para su subsistencia. Por otro lado, la flexibilización de la cuarentena podría implicar un fuerte aumento de los contagios y la posibilidad que colapse el sistema de salud.

 

En conclusión, la crisis mundial del coronavirus traerá grandes consecuencias a la economía local que ya venía golpeada de los últimos años. En particular agudizará las vulnerabilidades de aquellos que viven del empleo informal y en barrios populares. Es por esto que consideramos fundamental que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios para mitigar el impacto tanto a corto plazo a través del control de la cantidad de contagiados y muertes y, a largo plazo, a través del impacto en los estándares generales económicos.

 

[1] Alzúa, M.L y P. Gosis. “Impacto socio-económico del Covid-19 y opciones de política en Argentina”, Serie de Documentos de Política Pública N6, Nueva York: PNUD, RBLAC, 2020.

[2] Telechea, J.M.2020 “El serrucho de la economía”. Cenital. (Recuperado de https://www.cenital.com/el-serrucho-de-la-economia/ el 3/8/2020)

[3] ODSA UCA. “La pobreza como privación más allá de los ingresos (2010 2019). 2020. Introducción de datos fundados en un

Enfoque de Derechos - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Educa.

[4] Levy Yeyati, E. 27 de mayo. Políticas laborales para la pospandemia (audio podcast) CEPE Di Tella.

[5] Alzúa, M.L y P. Gosis. “Impacto socio-económico del Covid-19 y opciones de política en Argentina”, Serie de Documentos de Política Pública N6, Nueva York: PNUD, RBLAC, 2020.

[6] Albrieu, R. y Ballesty, M. Mayo de 2020. Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post-COVID. Buenos Aires: CIPPEC.

[7] “El BID advirtió que Latinoamérica será más pobre cuando haya pasado la pandemia”. 27 de Julio de 2020. La Gaceta. Recuperado de https://www.lagaceta.com.ar/nota/853352/actualidad/bid-advirtio-latinoamerica-sera-mas-pobre-cuando-haya-pasado-pandemia.html el 3/8/2020)

[8] ONU. Junio de 2020. “Covid-19 en Argentina: Impacto Socioeconómico y Ambiental” Recuperado de http://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf el 3/8/2020)

[9] TECHO, “Relevamiento de asentamientos informales” 2016

[10] Alzúa, M.L y P. Gosis. “Impacto socio-económico del Covid-19 y opciones de política en Argentina”, Serie de Documentos de Política Pública N6, Nueva York: PNUD, RBLAC, 2020.

[11] Defensoría del Pueblo. Abril de 2020. “Estado de situación de los centros de salud y acción comunitaria dependientes del ministerio de salud del GCBA en el contexto de la pandemia de covid-19”. Centros de salud y acción comunitaria.

[12] TECHO, “Relevamiento de asentamientos informales” 2016