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“COVID-19: Estado de situación en los barrios populares - Diciembre 2020”
Por Inés Kishkill
En esta segunda mitad del año, Argentina se encontró con un dilema: mientras los casos de contagiados y muertes por SARS-Covid 19 aumentaban, los días en cuarentena y sin trabajar también se acumulaban hasta el punto de tornar insostenible la situación económica. Esto es especialmente cierto para las personas en situación de precariedad laboral y/o pobreza estructural. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 90% de los trabajadores informales en América Latina están en riesgo de caer en la pobreza[1]. Concluyendo este año, en Argentina, el 44,2% de las personas viven en la pobreza, con un 10,1% de indigencia. Un aumento de 9 puntos y 2 puntos porcentuales, respectivamente, comparado con el segundo semestre del año pasado.
"Concluyendo este año, en Argentina, el 44,2% de las personas viven en la pobreza, con un 10,1% de indigencia. Un aumento de 9% y 2%, respectivamente, comparado con el segundo semestre del año pasado."
Para dar alivio en esta crisis, el gobierno implementó varios programas de ayuda social que buscaron paliar a las familias más afectadas por la falta de trabajo, especialmente al principio de la pandemia. Estos programas de ayuda social puestos en marcha permitieron mitigar el impacto de la cuarentena sobre los niveles de pobreza, indigencia y desempleo. Una serie de informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA) estiman que alrededor del 47% de hogares recibió algún tipo de asistencia social en 2020, y éstos se habrían concentrado en los estratos socioeconómicos mas bajos de la economía. Estos informes también muestran que, en conjunto, los programas ALIMENTAR y el IFE evitaron aumentos en aproximadamente 10,2 puntos de la tasa de indigencia y 6,7 puntos de la tasa de pobreza. Actualmente, a pesar de de la mayor apertura (especialmente en la posibilidad de volver a trabajar) muchas familias siguen dependiendo de estas ayudas sociales para mitigar los efectos negativos de la crisis.
Los mismos informes del ODSA también proveen información valiosa sobre la situación del mercado laboral en este contexto de crisis. Se estima que la tasa de desempleo aumentó de 10,6% en 2019 a 14,2% en 2020. Muchos de los trabajadores del mercado laboral informal, desalentados por la falta de trabajo, dejaron de buscar por lo que ya no eran considerados parte de la población económicamente activa. Teniendo en cuenta este factor “desaliento”, el desempleo alcanzaría un 28,5%. A su vez, el informe revela que el 53,5% de los trabajadores marginales, o en situación de informalidad laboral, han pasado a estar desocupados o “desalentados”. Por otro lado, no es sorprendente que este informe reporte que en este año “el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector informal fue un 35% menor que el ingreso del total de ocupados.”
"Teniendo en cuenta este factor 'desaliento', el desempleo alcanzaría un 28,5%. A su vez, el informe revela que el 53,5% de los trabajadores marginales, o en situación de informalidad laboral, han pasado a estar desocupados o 'desalentados'."
El sector informal ha sido el más golpeado por la cuarentena. La inestabilidad en los ingresos, la imposibilidad de trabajar por una gran parte del año y el “efecto desaliento”, retrajeron enormemente el mercado informal, y es incierto cómo y cuándo se podrá recuperar. Además, el segmento de empleo precario es el que sufrió la mayor caída en sus ingresos. Contrariamente, el sector donde el impacto en la disminución de ingresos fue menor, fue el sector público.
Con la reapertura de negocios y las menores restricciones para volver a trabajar, muchos de los que viven en barrios vulnerables han logrado retomar sus puestos de trabajo, y con ello sus ingresos, aunque una parte importante no lo ha podido hacer. El programa de ayuda social destinado a dar alivio al sector privado es la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En su novena entrega, la asistencia que en un principio alcanzaba a 240.000 empresas, hoy llega a los sectores considerados “críticos”: hoteles, cines, restaurantes y otros sectores cuya demanda no se ha reactivado al cien porciento. Este programa actualmente busca dar alivio directo a las empresas cubriendo hasta el 50% de los salarios netos de los trabajadores. El objetivo del programa es permitir a empresas que vieron reducida su facturación por la disminución de la actividad como producto de la cuarentena, puedan continuar pagando sus salarios y evitar despidos. Es importante señalar que esta ayuda solamente aplica a aquellos trabajadores registrados; los trabajadores en el sector informal no tienen acceso a este tipo de seguridad.
Con el paso del tiempo, el programa ATP fue imponiendo ciertas restricciones a las condiciones para acceder a esta ayuda, muchas de las cuales eran de difícil cumplimiento por parte de una gran cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). Además, accediendo a este programa (ATP), las empresas perdían la posibilidad de operar en el mercado “contado con liquidación”, y distribuir dividendos a sus accionistas durante dos años. Esto llevó a que, en las entregas mas tempranas del programa, muchas empresas decidan no participar del mismo.
Para el 2021, y como ya lo viene anunciando el gobierno, las ayudas oficiales cambiarían de formato. En su informe de situación, Desarrollo Productivo sugiere "que para 2021 se ideen mecanismos de asistencia más acotados y focalizados, para brindar ayuda a empresas de sectores que aún permanecen muy damnificados”[2].
"... accediendo a este programa (ATP), las empresas perdían la posibilidad de operar en el mercado “contado con liquidación” y distribuir dividendos a sus accionistas durante dos años."
A pesar de la asistencia a través del ATP, la caída en la demanda provocada por la cuarentena que implicó casi 6 meses de inactividad para muchos rubros, una gran cantidad de empresas (especialmente PYMEs) tuvieron que cerrar sus puertas y despedir a sus empleados. Según los datos de la Fundación Observatorio PYMEs, se estima que, a pesar de los programas de ayuda al sector implementados por el gobierno, un 8% de las PYMEs está en riesgo de quebrar. Juntas emplean a 263.000 trabajadores [3]. A su vez, muchos trabajadores empleados en negro se encuentran desprotegidos, al no contar con indemnizaciones completas ni seguros de despido. Solo un 46,1% del total de ocupados participa del Sistema de Seguridad Social. Para estos trabajadores, el IFE es fundamental para acceder a los recursos necesarios para la alimentación y hacer frente a los requerimientos de higiene que conlleva la crisis sanitaria. Una quita abrupta de esta asistencia tendría un impacto severo en la cobertura económica de estas familias.
Por otra parte, hay que destacar el grave impacto que la situación económica ha tenido sobre los niños. Según uno de los informes del ODSA, el segmento en el cual las tasas de indigencia y pobreza mostraron un aumento mayor es la franja de 0 a 17 años de edad. Estos niños también se han visto privados del acceso a las escuelas donde también actuaban como comedores escolares que proveían de cierto alivio a las familias más necesitadas..
Aún así, es importante señalar que la mayor parte de la pobreza actual de la Argentina es de tipo estructural. Con tasas de indigencia y pobreza elevadas desde hace diez años, se requieren medidas de fondo que intenten, a largo plazo, resolver los problemas estructurales que atraviesa el país. La situación de crisis a raíz del COVID-19 y una cuarentena extensiva visibilizaron la gran vulnerabilidad que atraviesan muchas familias desde hace varias décadas.
Por otra parte, el gobierno nacional anunció un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda por más 44.000 millones de dólares que incluye un ajuste en el presupuesto para lograr una caída del déficit. Esto podría derivar en una quita de varios planes sociales, incluyendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A pesar de que estos programas no pueden continuar indefinidamente, no es recomendable interrumpirlos de una manera tan brusca; especialmente, en un contexto de crisis socioeconómica cómo el que estamos atravesando.
Es incierto cuánto tiempo va a durar la pandemia o si volverán medidas restrictivas. El IFE y otras medidas asistenciales, funcionan como una medida paliativa de corto plazo, pero que no resuelven los problemas de fondo que atraviesan gran parte de la sociedad, especialmente en los barrios más vulnerables. Esto se observa en que a pesar de la ayuda social brindada por el gobierno, el nivel de pobreza e indigencia ha empeorado, y con ello, la desigualdad en Argentina. Los sectores más impactados incluyen aquellos que participan del mercado laboral informal que vieron sus ingresos más afectados. Es fundamental que, en la transición hacia una mayor reapertura, se tenga en cuenta la importancia de reactivar el mercado laboral informal y con ello, retomar los niveles de actividad. A su vez, si bien los programas de asistencia deben verse complementados con programas sustentables que permitan la generación de trabajo, es importante que cualquier quita de los programas de asistencia se haga de forma gradual.
Notas
Fuente de consulta
UCA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. Deudas sociales 2010-2020. Informe. "Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19. Aportes para una Agenda sustentable de desarrollo humano integral”: (recuperado el 16 de diciembre de http://uca.edu.ar/es/noticias/deudas-sociales-en-la-argentina-2010-2020-crisis-del-empleo-pobrezas-y-desigualdades-estructurales-en-el-contexto-covid-19-aportes-para-una-agenda-sustentable-de-desarrollo-humano-integral)